Alcaldes del PP piden suspender regularización migratoria por caos en ayuntamientos

Los alcaldes del Partido Popular en Baleares han solicitado la paralización de la regularización extraordinaria de migrantes. En el primer día del proceso, se registraron colapsos en los servicios municipales, con largas colas y desorganización. La gestión ha recaído en los ayuntamientos sin una planificación previa clara, generando un escenario de caos y sobrecarga para los empleados públicos.

Este proceso, impulsado por el Gobierno central, busca regularizar a personas en situación irregular, pero ha provocado una avalancha de solicitudes en oficinas municipales. La falta de instrucciones y coordinación ha llevado a que algunos residentes se desplacen entre municipios creyendo que pueden obtener certificados en cualquier lugar, complicando aún más la gestión.

El impacto en los ayuntamientos es evidente: muchos solo lograron registrar solicitudes y posponer la emisión de certificados, lo que afecta otras áreas de atención ciudadana. La presión demográfica en Baleares, con cerca de 20.000 inmigrantes irregulares en los últimos cinco años y un incremento del 20% en 2023, agrava la situación.

Desde el PP, los alcaldes llaman a una revisión del proceso y a la suspensión de la regularización. Consideran que la carga sobre los ayuntamientos es insostenible y que la gestión actual pone en riesgo la atención a los residentes. Además, defienden un modelo migratorio basado en la legalidad, el orden y la integración, solicitando reforzar los mecanismos de extranjería.

Este episodio refleja una problemática política mayor: la necesidad de un marco legal más efectivo y coordinado para gestionar la inmigración en Baleares. La situación evidencia las limitaciones del actual sistema y requiere una respuesta a nivel estatal que garantice una gestión ordenada y planificada en las islas.

De cara al futuro, la Federación de Municipios y los propios ayuntamientos insistirán en la importancia de una regulación que respete la capacidad de gestión local. La experiencia reciente subraya la urgencia de mejorar la coordinación entre administraciones para evitar crisis similares y garantizar una atención adecuada a la población en situación de vulnerabilidad.