Bestard utilizó coches oficiales para 20 desplazamientos no registrados en Mallorca

El vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), realizó al menos 20 desplazamientos en vehículos oficiales sin constancia en su agenda. La información proviene de un informe elaborado por la Secretaría Técnica de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, encargado por el presidente insular, Llorenç Galmés, para esclarecer el llamado "caso Bestard".

El análisis revela que Bestard hizo uso exclusivo de tres vehículos oficiales, aunque no existe un marco jurídico que lo autorice ni lo prohíba explícitamente. La falta de documentación formal ha llevado a que el caso se cierre con una instrucción para regular el uso de estos recursos, sin sanciones contra el vicepresidente.

Entre los desplazamientos detectados, se incluyen viajes a eventos como partidos deportivos, actividades culturales y desplazamientos a Madrid para asistir a ferias relacionadas con la caza. Algunos viajes, como el realizado en marzo de 2026 a Madrid, implicaron gastos millonarios en billetes, alojamiento y transporte, que no fueron adecuadamente justificados en los documentos oficiales.

El informe también señala que Bestard y su jefa de gabinete, Julene Valdés, realizaron desplazamientos en ferri y coche oficial, justificando motivos médicos para ciertos viajes en barco. Sin embargo, no existen autorizaciones previas ni informes justificativos en la documentación formal, lo que genera dudas sobre la legalidad de los desplazamientos.

Desde una perspectiva política, estos hechos reflejan una gestión con posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, en un contexto de creciente escrutinio a la transparencia en la administración insular. La decisión de cerrar el caso sin sanciones indica una voluntad de regularizar la situación más que de sancionar conductas, en línea con la tendencia de evitar conflictos políticos internos.

En el contexto político de Baleares, este caso ejemplifica las tensiones entre diferentes fuerzas y la necesidad de establecer controles claros en el uso de recursos públicos. Se espera que, en el futuro, se refuercen las normativas para evitar situaciones similares y fortalecer la confianza en la gestión pública insular.