El Ayuntamiento de Ciutadella recurrirá judicialmente para mantener la peatonalización de Es Born

El Ayuntamiento de Ciutadella ha anunciado que agotará todas las vías legales para defender la reordenación de la plaza des Born, tras una orden judicial que obliga a reabrir el paso a vehículos. La decisión llega en medio de un proceso judicial que ha generado tensión entre el consistorio, comerciantes y particulares.

El conflicto se remonta a una sentencia del Tribunal Superior de Baleares, que en mayo dejó sin efecto las actuaciones del consistorio relacionadas con la peatonalización, ordenando que los coches vuelvan a la plaza. La resolución afecta a las medidas adoptadas en 2022 y pone en jaque la política municipal en movilidad, que buscaba priorizar el espacio peatonal y la calidad de vida en el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento ha explicado que, mientras acatará las decisiones judiciales, también interpondrá recursos para defender su visión de una plaza sin coches. La resolución definitiva se espera tras el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que el Consistorio está preparando. La situación puede suponer un impacto en la política local y en futuras gestiones sobre movilidad urbana.

Este enfrentamiento refleja la tensión entre la administración local y determinados sectores comerciales, que consideran que la peatonalización perjudica su actividad. La postura del consistorio apunta a que las decisiones en materia de movilidad corresponden a sus competencias, fundamentadas en ordenanzas municipales y en la planificación urbana.

El caso también evidencia la complejidad de implementar políticas urbanas en contextos jurídicos y políticos. La decisión final y las futuras acciones judiciales marcarán la senda para la gestión del espacio público en Ciutadella, en un momento de debate sobre modelos de movilidad y sostenibilidad en Baleares.

En el contexto más amplio, esta disputa refleja el reto de conciliar intereses económicos, sociales y políticos en la administración de las ciudades. La resolución del conflicto será clave para definir el equilibrio entre movilidad, comercio y derechos ciudadanos en los próximos años.