El Ayuntamiento de Palma inicia el desalojo de los últimos 80 residentes en la antigua prisión

El Ayuntamiento de Palma ha presentado la solicitud judicial para desalojar a las 80 personas que aún residen en la antigua prisión de Palma. Estas personas se encuentran en el inmueble tras haber habitado en un pasado más de 200 residentes en el mismo espacio.

La decisión responde a la desestimación de las alegaciones presentadas por los residentes, en un proceso que busca recuperar la posesión del edificio. La portavoz municipal, Mercedes Celeste, anunció que el consistorio continuará con el acompañamiento a las personas afectadas, aunque la mayoría no cumple con los requisitos para ser atendida, por no estar empadronadas o por encontrarse en situación irregular.

Este proceso judicial se enmarca en la política del Ayuntamiento de Palma de reactivar el uso de espacios públicos abandonados y gestionar de manera ordenada las ocupaciones. La antigua prisión ha sido objeto de debate social y político, centrado en el equilibrio entre la recuperación patrimonial y las necesidades sociales.

La situación refleja las tensiones existentes en la ciudad respecto a la ocupación de bienes públicos y la atención a colectivos en situación vulnerable. La administración local prioriza ahora la recuperación del inmueble, aunque sin dejar de lado el compromiso de acompañar a las personas afectadas en la medida de lo posible.

El caso de la antigua prisión se inscribe en un contexto más amplio de gestión de espacios en Palma, donde la administración busca responder a demandas sociales y proteger su patrimonio, en un escenario de creciente presión social por la vivienda y el uso de espacios públicos.