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El Ayuntamiento de Palma recurre la retirada del monolito de sa Feixina ante posible prevaricación

El Ayuntamiento de Palma recurre la retirada del monolito de sa Feixina, alegando vulneración de resoluciones judiciales y posible prevaricación, en un conflicto por la memoria democrática.

Redacció automàtica · Notícies Balears 2 min de lectura

El Ayuntamiento de Palma ha presentado un recurso contra la decisión del Gobierno central de incluir el monolito de sa Feixina en el catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. La administración local argumenta que esta medida podría conllevar responsabilidades penales y vulnerar resoluciones judiciales firmes que protegen el monumento.

El contexto político refleja la tensión entre las instituciones por el destino de este símbolo. La resolución del 26 de marzo, que busca retirar el monumento, coincide con la protección otorgada por sentencias judiciales en 2020 y 2021, que consideran el monumento como patrimonio histórico. El Ayuntamiento sostiene que la decisión estatal ignora estas resoluciones y viola el principio de división de poderes.

Este enfrentamiento evidencia la disputa sobre cómo abordar los símbolos del pasado franquista en Baleares. La inclusión del monumento en el catálogo estatal representa un paso en la política de memoria democrática, pero también enfrenta resistencia de las administraciones locales y sectores conservadores. La postura del Ayuntamiento de Palma refleja una defensa de la protección patrimonial y el respeto a las decisiones judiciales.

El recurso presentado también recuerda que organismos como la Real Academia de Bellas Artes o ICOMOS han avalado el valor artístico y patrimonial del monolito. La controversia se enmarca en un debate más amplio sobre la gestión de la memoria histórica en España y el cumplimiento de la ley de memoria democrática, que establece límites a la retirada de elementos protegidos.

A futuro, la disputa puede derivar en un proceso judicial que defina el alcance del Estado en la protección del patrimonio en Baleares. La postura del Ayuntamiento de Palma deja abierta la puerta a posibles acciones legales y a la resistencia ante decisiones administrativas que consideren contrarias a la ley. La resolución final dependerá de la interpretación judicial y del marco político en el que se inscriba esta controversia.

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