El Govern retira el silencio positivo en regularizaciones en rústico por recurso al TC

El Ejecutivo autonómico ha eliminado la figura del silencio positivo en los procedimientos de regularización en suelo rústico. Esta decisión responde a la admisión a trámite de un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) por varias organizaciones y partidos políticos, incluido el Consell de Mallorca. La medida afectaba a la ley de aceleración de proyectos, aprobada en mayo de 2024, que permitía que, si en seis meses no se obtenía respuesta municipal a las solicitudes de legalización, estas se consideraban automáticamente aceptadas.

El cambio ha sido anunciado tras la admisión del recurso, que cuestiona la constitucionalidad de la figura del silencio positivo en estos procesos. Desde el Govern, se argumenta que la modificación busca garantizar un mayor control y evitar posibles irregularidades en la regularización de obras en suelo rústico. La organización ecologista y otros actores sociales han expresado su preocupación por el efecto de esta medida en la protección del medio ambiente y la legalidad urbanística.

En el ámbito político, esta situación refleja las tensiones existentes en torno a la gestión del suelo y la legislación urbanística en Baleares. La oposición y algunos sectores del Govern consideran que la medida busca fortalecer la normativa y evitar fraudes, mientras que otros temen que pueda frenar procesos de legalización necesarios para la protección del patrimonio rural.

La decisión también tiene implicaciones en la práctica administrativa y en la percepción ciudadana. La retirada del silencio positivo puede generar mayor control en la tramitación, pero también puede retrasar los procedimientos y afectar a quienes buscan regularizar sus propiedades en suelo rústico. La judicialización de estas cuestiones añade un grado de incertidumbre a la gestión urbanística regional.

De cara al futuro, la resolución del recurso por parte del TC será determinante para definir la continuidad de esta figura en la normativa autonómica. La decisión puede marcar un precedente en la regulación del suelo rústico en Baleares y en la posición del Gobierno balear respecto a la protección del territorio frente a intereses especulativos y de urbanización.