El retraso en la reforma legislativa impide resolver el caso Roldán antes del próximo curso

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha confirmado que la modificación legislativa necesaria para impedir que condenados ejercen como docentes en Baleares no estará lista para el inicio del próximo curso escolar. La reforma, que afecta a un artículo de la Ley de Protección a la Infancia, depende de una tramitación en el Congreso que se prevé más lenta de lo deseado.

Este retraso responde a la dependencia de la comunidad autónoma de la «ingeniería legislativa de Madrid» para aprobar cambios que, en su caso, deberían haberse gestionado por vía de lectura única en el Congreso. La propuesta balear, que busca una modificación rápida, aún no tiene fecha definitiva de aprobación en la Cámara estatal.

El caso de Miquel Roldán es emblemático. La Generalitat balear solicitó una modificación urgente en el Parlamento para que la ley impidiera que condenados puedan ejercer como docentes. La demora en la tramitación puede tener implicaciones para la protección de la infancia en las aulas durante el próximo curso.

Desde la Conselleria, Vera ha señalado que la ley balear estaría prevista para aprobarse antes de que finalice esta legislatura y enviarse al Congreso. Sin embargo, la tramitación en Madrid se estima más larga, con un horizonte de aprobación en septiembre u octubre.

Este escenario evidencia las dificultades que enfrentan las comunidades en la gestión legislativa en un contexto de mayor dependencia del marco legislativo estatal. La necesidad de reformas específicas en Baleares se ve condicionada por los plazos y procesos del Congreso, lo que puede retrasar soluciones urgentes.

De cara al futuro, la comunidad balear buscará acelerar la tramitación en Madrid y fortalecer su capacidad legislativa para responder a casos similares. La situación refleja también el desafío de actualizar y adaptar las leyes autonómicas en un marco de coordinación con el Estado central.