MÉS reitera su propuesta para limitar compra de viviendas a no residentes tras pronunciamiento de la UE
El grupo parlamentario MÉS per Mallorca anunció que volverá a presentar su proposición de ley para restringir la adquisición de viviendas por parte de no residentes en Baleares. La iniciativa surge tras la reciente propuesta de la Comisión Europea, que se enfoca en limitar las compras de segundas residencias por extranjeros. La propuesta fue rechazada en el pleno del Parlament en febrero pasado, pero la intención del grupo ecosoberanista es adaptarla a los nuevos parámetros legales y jurisprudenciales.
El portavoz de MÉS, Lluís Apesteguia, explicó que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han dejado claro que existen excepciones a la libre circulación de capitales. Esto abre la puerta a que las comunidades puedan implementar restricciones en determinados casos, como la compra de viviendas por no residentes. La modificación de la propuesta incluirá cambios en su exposición de motivos y en su articulado, para ajustarse a las recientes interpretaciones jurídicas y contextuales.
Este movimiento de MÉS responde a un contexto político complejo en Baleares, donde la vivienda es un tema prioritario. La comunidad afronta una alta demanda de viviendas por parte de no residentes, principalmente inversores y extranjeros, lo que ha contribuido a la escalada de precios y a la dificultad de acceso para residentes locales. La propuesta busca equilibrar la oferta y proteger a la población local, en medio de un debate sobre la sostenibilidad social y económica del mercado inmobiliario.
El rechazo previo en el Parlament refleja las tensiones políticas en Baleares, donde partidos de diferentes ideologías tienen posturas enfrentadas sobre la liberalización del mercado inmobiliario. La propuesta de MÉS busca también sentar un precedente legal que permita a futuras legislaciones limitar la compra a no residentes, siempre dentro del marco jurídico europeo. La perspectiva futura apunta a un debate abierto en la comunidad, con la atención puesta en cómo se compatibiliza la regulación local con las directrices europeas.
En el escenario más amplio, la iniciativa de Baleares se inscribe en un contexto europeo donde varias regiones buscan restringir la compra de viviendas por motivos sociales y de sostenibilidad. La evolución legal y jurisprudencial en los próximos meses será clave para determinar si las comunidades autónomas podrán implementar estas restricciones. La discusión continúa abierta sobre el equilibrio entre movilidad, inversión y protección del mercado inmobiliario local.