Cerca de 40.000 hogares en Baleares sin protección ante fin de alquileres en 2026

La derogación del decreto que permitía la prórroga automática de contratos de alquiler en Baleares afecta a 39.747 viviendas que vencen en 2026 y 2027. Esto implica que más de 112.000 personas podrían enfrentarse a la finalización de sus contratos y a una posible subida de precios en un mercado inmobiliario ya muy tensionado en las islas.

El cambio en la normativa responde a decisiones políticas en el Congreso, donde sectores de derecha y ultraderecha rechazaron la extensión automática, dejando en situación vulnerable a muchas familias. La situación se enmarca en un contexto de creciente especulación y escasez de vivienda asequible en Baleares, donde el mercado presenta una fuerte presión al alza en los precios.

Las implicaciones para los afectados son significativas, ya que muchas familias podrían enfrentarse a desahucios o a incrementos desproporcionados en sus alquileres. La Delegación del Gobierno en Baleares ha exigido al Govern que adopte medidas para limitar los precios y declarar la isla como zona tensionada, aprovechando fondos del Plan Estatal de Vivienda para combatir la especulación.

Por su parte, el Ejecutivo autonómico ha sido criticado por no implementar aún políticas concretas para afrontar esta emergencia. La medida de protección vigente solo cubre a aquellos que solicitaron la prórroga antes de la derogación, dejando a otros en riesgo. El Ministerio de Vivienda ha habilitado un teléfono de asesoramiento para afectados y posibles procesos judiciales.

El futuro de la regulación del mercado del alquiler en Baleares dependerá en gran medida de las decisiones que adopte el Govern en los próximos meses, en un escenario donde la demanda de vivienda asequible sigue siendo una de las principales prioridades sociales y políticas en las islas.