Cerca de 6.500 solicitudes de regularización en Baleares en dos semanas

En las primeras dos semanas del proceso extraordinario de regularización, Baleares ha registrado 6.485 solicitudes, según datos de la Delegación del Gobierno. La mayor parte, 5.575, corresponden a solicitudes de arraigo extraordinario, dirigidas a personas en situación irregular que no han solicitado protección internacional. Además, 910 solicitudes corresponden a personas con peticiones de protección internacional anteriores a 2026, en proceso de regularización.

El operativo, que comenzó el 15 de abril, ha logrado resolver ya el 21% de los expedientes relacionados con solicitudes de arraigo anteriores, y otro 31% está en trámite. El objetivo es finalizar la resolución de todos los casos pendientes antes del 15 de junio, en un contexto marcado por la necesidad de agilizar procedimientos y garantizar la legalidad en la regularización de inmigrantes.

Este proceso responde a una estrategia del Gobierno central para regularizar a personas que llevan tiempo residiendo en Baleares, en un contexto político caracterizado por debates sobre inmigración, integración y recursos públicos. La gestión eficiente ha sido posible gracias a la colaboración entre administraciones y profesionales, y a un plan especial de tramitación.

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro, ha destacado que la normalidad en el proceso refleja el compromiso de los servicios públicos. Sin embargo, persisten desafíos políticos, como la percepción social y la gestión del impacto en recursos locales y servicios públicos. La regularización puede influir en dinámicas migratorias y en la política autonómica y estatal en materia de inmigración.

De cara al futuro, la experiencia en Baleares puede marcar un precedente para otros territorios, consolidando un modelo de gestión eficiente y transparente. La clave será mantener el equilibrio entre la legalidad, la integración social y la sostenibilidad de los recursos públicos, en un panorama político donde la inmigración sigue siendo un tema de debate en el contexto de la política nacional y autonómica.