El PSIB denuncia que Galmés cede a Vox con residencia mínima para ayudas sociales

El Consell de Mallorca ha aprobado una medida que exige cinco años de residencia legal para acceder a las ayudas sociales. La decisión ha sido criticada por el grupo socialista, que acusa al presidente insular, Llorenç Galmés, de ceder ante las presiones de Vox.

Este cambio en los requisitos coincide con una tendencia de tensiones políticas en Baleares. La aprobación se produce en un contexto de aumento de la influencia de Vox en las instituciones autonómicas y locales. La medida busca limitar el acceso a ayudas sociales a quienes tengan residencia prolongada, una decisión que ha generado controversia.

Las implicaciones políticas apuntan a una posible descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Mientras la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprobado medidas con el apoyo de otros partidos, el Consell de Mallorca parece alinearse con una postura más restrictiva.

Desde el punto de vista social, la decisión puede afectar a colectivos vulnerables y migrantes recientes, que podrían verse privados de ayudas esenciales. La oposición advierte que esta medida pone en riesgo el escudo social anunciado recientemente.

En perspectiva, la situación refleja una tensión mayor en Baleares sobre la política migratoria y social. Se espera que en los próximos meses se intensifiquen los debates en torno a los requisitos para acceder a ayudas y la influencia de partidos de extrema derecha en la política insular.