El PSIB pide ampliar medidas contra fondos buitre en Baleares ante aumento de viviendas en manos de inversores

El PSIB apoya los decretos del Gobierno en materia de vivienda aprobados en el Consejo de Ministros, que serán votados en el Congreso. Sin embargo, considera que se deben implementar medidas adicionales para frenar la influencia de los fondos buitre, que en Baleares acumulaban unas 20.000 viviendas en 2023.

Este volumen representa una cifra diez veces superior al parque público de viviendas en la comunidad, lo que genera preocupación en la coalición progresista. La situación refleja una problemática de larga data en las islas, donde las inversiones especulativas han elevado los precios y reducido la disponibilidad de vivienda asequible.

El debate político se centra en la necesidad de fortalecer las herramientas legales para limitar la especulación. El PSIB propone que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas, facilitando medidas como topes en los alquileres y protección frente a desahucios, en un contexto donde los alquileres han aumentado un 45% en dos años.

El liderazgo del Govern critica que la presidenta Prohens no haya activado aún esas herramientas, a pesar de que la ley estatal permite declarar zonas tensionadas. La inacción, según los socialistas, agrava la situación social y económica en las islas, donde muchas familias enfrentan dificultades para acceder a vivienda.

En un escenario de creciente presión por la vivienda, el futuro político dependerá de la capacidad de los gobiernos locales y autonómicos para implementar medidas efectivas. La tendencia indica que la demanda social exige respuestas más firmes, especialmente ante la concentración de viviendas en manos de fondos internacionales.

Este conflicto refleja una problemática global de la vivienda, donde la regulación local se enfrenta a la expansión de fondos de inversión. La posibilidad de que Baleares declare zonas tensionadas podría marcar un cambio en la gestión de la vivienda en el archipiélago en los próximos años.