La Audiencia decidirá la indemnización por prótesis defectuosa en Baleares

La Sección cuarta de la Audiencia Provincial de Baleares deberá determinar la cantidad a indemnizar a una paciente que reclamaba casi un millón de euros por una prótesis de cadera defectuosa implantada en Palma. La reclamación llega tras detectar una concentración elevada de metales en sangre, lo que llevó a la extracción de la prótesis en 2014.

El proceso judicial se remonta a 2007, año en que se implantó la dispositivo. La prótesis fue incluida en un protocolo de retirada por parte de las autoridades sanitarias, pero fue destruida tras su extracción, impidiendo su análisis pericial para determinar su posible defectos. La paciente había solicitado inicialmente una indemnización superior a los 900.000 euros, que fue rebajada a 344.777 euros en primera instancia.

Las resoluciones judiciales anteriores descartaron la responsabilidad del distribuidor y de los médicos, argumentando que el plazo legal para la reclamación había expirado y que no existían pruebas concluyentes del carácter defectuoso del producto. La sentencia del Tribunal Supremo ha ordenado ahora que la Audiencia vuelva a valorar la responsabilidad, dado que el plazo no estaba plenamente consolidado y puede existir un vínculo causal entre la prótesis y los daños.

El fallo plantea la dificultad de probar defectos en productos destruibles y resalta la necesidad de mejorar los protocolos de control y trazabilidad en el sistema sanitario. La resolución abre la puerta a futuras reclamaciones similares, en un contexto donde la regulación de productos médicos implantables está en revisión para incrementar la seguridad.

Este caso refleja las tensiones entre la protección del paciente, la responsabilidad de los fabricantes y la gestión jurídica en el ámbito sanitario. La decisión de la Audiencia determinará en qué medida las empresas y profesionales podrán ser responsables en casos de posibles fallos en dispositivos médicos, en un marco normativo en evolución.

De cara al futuro, se espera que las autoridades sanitarias refuercen los controles y los procedimientos de seguimiento de los dispositivos implantables. La jurisprudencia que se genere en este tipo de casos marcará un precedente importante para la protección del paciente y la responsabilidad en el sector sanitario en Baleares y en el Estado.