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Prohens defiende límites en ayudas sociales en Baleares sin hablar de 'prioridad nacional'

Prohens defiende límites en ayudas sociales en Baleares, sin hablar de 'prioridad nacional', en un contexto de tensiones políticas y gestión migratoria.

Redacció · Notícies Balears 2 min de lectura

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha evitado respaldar el concepto de 'prioridad nacional', aunque sí ha defendido la necesidad de establecer límites en el acceso a ayudas sociales como la Renta Social Garantizada (Resoga).

En el pleno del Parlamento, Prohens argumentó que las restricciones en los requisitos de residencia y arraigo son constitucionales, con ejemplos como la exigencia de tres años para acceder a la Resoga o cinco años para vivienda pública. Estas medidas buscan focalizar las ayudas en quienes realmente las necesitan en Baleares.

Este posicionamiento responde a un contexto político marcado por las tensiones en torno a las políticas migratorias y sociales en comunidades autónomas como Aragón y Extremadura, donde se ha discutido la implementación de criterios que algunos interpretan como clasistas o racistas. La presidenta balear apuesta por una política social que priorice a residentes y legalmente arraigados.

La postura de Prohens también se relaciona con las obligaciones y compromisos adquiridos en el marco presupuestario, así como con la gestión de menores extranjeros no acompañados. La presidenta ha señalado que la devolución de menores argelinos, cuya gestión corresponde al Gobierno central, continúa siendo una prioridad, aunque con ciertas limitaciones.

Este enfoque evidencia un cambio en la narrativa política en Baleares, que busca equilibrar la protección social con la gestión de recursos y la percepción pública. La futura legislación y decisiones en este ámbito dependerán en parte de los movimientos del Ejecutivo central y del escenario electoral en las Islas.

El debate en Baleares refleja las tensiones políticas en torno a la integración y la sostenibilidad del sistema social, en un contexto donde la inmigración y el compromiso con la población residente siguen siendo temas centrales para la gobernanza autonómica.

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