El Gobierno central culpa al Govern balear por la fuga de funcionarios, agravada por incumplimientos en la ley de Vivienda, afectando servicios públicos en Baleares.
Prohens advierte que la regularización de migrantes en Baleares podría afectar los servicios públicos y aumentar la presión social, en medio de tensiones políticas.
El Govern balear rechaza inscribir migrantes irregulares en el SOIB, destacando la falta de marco legal y coordinación en una propuesta del SEPE.
El Parlament decidirá si aprueba la ley para crear la Universidad de Mallorca, un paso que busca ampliar la oferta académica en Baleares en un contexto de debate político.
Baleares advierte que recurrirá a los tribunales si el Gobierno aprueba la prórroga del reparto de menores migrantes, en un contexto de tensiones políticas y judiciales.