La antigua prisión de Palma se convertirá en un complejo residencial para profesionales, con viviendas y servicios sostenibles, en una iniciativa de recuperación patrimonial.
El gasto medio en Baleares cae un 1,2% en 2025, con la vivienda y transporte como principales destinos, en un contexto de incertidumbre económica.
Una mujer en Palma ocupó una vivienda aprovechando la hospitalización del propietario y sustrajo efectos, en un caso que refleja la problemática actual.
El Govern Baleares abona 5,9 millones en ayudas al alquiler en 2025, en un contexto de tensión con el Gobierno central por los límites y fondos disponibles.
El Govern propone destinar parte del ITS a vivienda, con apoyo sindical y reticencias empresariales, en un contexto de crisis habitacional en Baleares.
El 10,9% de viviendas en Baleares son turísticas o de extranjeros, superando la media nacional, reflejando la presión sobre el mercado inmobiliario local.
Baleares reduce un 80% los desahucios en el primer trimestre de 2026, reflejando cambios en políticas y mercado inmobiliario en el contexto nacional.
Protesta en Palma contra desalojos como en Son Bordoy, en un contexto de crisis habitacional y tensión política por la gestión urbana.
El 38% de baleares considera mudarse por el calor extremo, reflejando impacto del cambio climático y escasez de vivienda en las islas en 2026.
El Ayuntamiento de Palma aprueba convertir la antigua prisión en residencia para profesionales, ampliando la vivienda pública en la ciudad.