El PSIB solicita informe sobre tarifas de Tirme tras informe del Consell de Mallorca
El PSIB pide a la Sindicatura de Cuentas revisar las tarifas de Tirme tras informe que denuncia beneficios excesivos y costes desproporcionados en la gestión de residuos.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición No de Ley para que la Sindicatura de Cuentas analice las tarifas del sistema Tirme. La petición surge tras el informe de la Intervención General del Consell de Mallorca, que califica el sistema tarifario como "desfavorable" y con un "impacto grave" en la gestión de residuos sólidos.
El informe revela que las tarifas pagadas por los usuarios superan con creces los costes reales del servicio, generando beneficios excesivos para la concesionaria Tirme, con ratios que parecen propios de un monopolio privado. La diferencia en costes y beneficios plantea dudas sobre la transparencia y la gestión pública del sistema.
Los socialistas consideran que las tarifas son excesivas y proponen que la Sindicatura realice un estudio específico para determinar cuánto debería recibir la institución insular por el tratamiento de residuos, especialmente en relación a los que se trasladarán desde Eivissa a Mallorca. La gestión de estos residuos ha sido objeto de controversia, en medio de una transferencia de 50 millones de euros aprobada por el Govern para que el Consell de Mallorca asuma el tratamiento de residuos ibicencos.
Desde su perspectiva, la fórmula tarifaria actual perjudica a la administración pública y favorece intereses privados. Además, critican la falta de previsión y gestión del Consell d’Eivissa en la planificación de sus residuos, lo que ha llevado a esta transferencia de fondos.
Este asunto refleja las tensiones existentes en la gestión de residuos en Balears, donde la búsqueda de una gestión más transparente y eficiente se cruza con intereses políticos y económicos. La futura revisión de tarifas y la posible intervención de la Sindicatura podrían marcar un punto de inflexión en la política medioambiental y de gestión de recursos en la comunidad.
El debate continúa en un contexto en el que las administraciones insulares buscan equilibrar la sostenibilidad, la economía y la gestión pública, en un escenario de cambios en las políticas de residuos y presión por mayor transparencia.