El TC mantiene la suspensión de la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares
El Constitucional mantiene suspendida la derogación de la ley de memoria democrática de Baleares hasta decidir sobre su constitucionalidad, en unos dos años.
El Tribunal Constitucional mantendrá en vigor la ley de memoria democrática de Baleares mientras resuelve si la derogación aprobada por el Parlament es constitucional. Así lo recoge un auto fechado el 20 de octubre, en el que el pleno rechaza levantar la suspensión cautelar de la norma.
La medida afecta a una ley que el Parlament derogó en marzo con los votos del PP y Vox. El Gobierno central recurrió esa decisión ante el Constitucional, que acordó la suspensión cautelar de la derogación. Ahora ratifica esa suspensión, aunque levanta la del artículo y la disposición transitoria que, según el propio tribunal, no afectan al fondo de la ley.
El contexto jurídico es relevante. El Ejecutivo estatal sostiene que la derogación podría vulnerar los artículos 10.1 y 15 de la Constitución, al eliminar el estatuto jurídico de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. También invoca los principios de seguridad jurídica y de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
El auto considera que el Gobierno ha argumentado de forma amplia que levantar la suspensión causaría daños irreparables, tanto en la protección de la dignidad de las víctimas como en el deber de colaboración que impone la normativa estatal. Por el contrario, el tribunal estima que las alegaciones del Parlament y del Govern no justifican mantener la suspensión inicial. Los argumentos de la Abogacía del Estado son similares a los que el Constitucional ya valoró en casos análogos, como las derogaciones de las leyes de memoria de Cantabria y la Comunidad Valenciana.
La decisión no es unánime. Tres votos particulares, firmados por cinco magistrados, discrepan del criterio mayoritario. Defienden que el tribunal debería haber levantado la suspensión respecto de todos los preceptos impugnados y no solo de los dos señalados.
Las fuentes jurídicas consultadas sitúan la sentencia definitiva en un horizonte de unos dos años. Hasta entonces, la ley de memoria balear seguirá vigente en su integridad, en un escenario de pulso entre el Gobierno central y la mayoría autonómica que refleja las tensiones políticas en torno a la memoria histórica en el conjunto del Estado.