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Más de la mitad de alumnos del CEIP Son Pisà protestan por reincorporación docente condenado

El rechazo en el CEIP Son Pisà por la reincorporación de un docente condenado genera protestas y refleja tensiones en la gestión educativa en Baleares.

Redacció automàtica · Notícies Balears 2 min de lectura

Una mayoría significativa del alumnado del CEIP Son Pisà de Palma no acudió a clase este jueves. La causa es la reincorporación de un docente condenado por acoso a un menor en 2021. La protesta refleja una tensión creciente en el centro y en la comunidad educativa.

La decisión de reincorporar al profesor, tras su baja médica y sin una inspección previa, ha generado malestar entre padres, docentes y las propias familias. La situación ha llevado a la convocatoria de un consejo escolar extraordinario y a una huelga de carácter indefinido, con un 40% de absentismo en la primera jornada de protesta.

Desde la Federación de Asociaciones de Familias de Alumnos (FAPA) de Mallorca, se ha expresado que la reincorporación del docente no debería haberse llevado a cabo, dado el historial y las acusaciones en su contra. La organización ha solicitado mayor información a la Conselleria de Educación, que ha justificado la medida amparándose en la ley vigente y en la condición laboral del docente.

Este conflicto se inserta en un contexto político más amplio, donde las decisiones sobre la protección de la infancia y la gestión del sistema educativo están siendo objeto de debate. La oposición política ha criticado la falta de protocolos claros para casos de docentes condenados, mientras que el Govern mantiene que se actúa conforme a la legislación actual.

El caso refleja también las tensiones existentes ante la necesidad de equilibrar la rehabilitación laboral y la protección del menor. La futura modificación legislativa en trámite, que limitaría la reincorporación de docentes condenados, busca responder a estas inquietudes y reforzar la confianza en el sistema educativo.

En el escenario político actual, la resolución de este conflicto puede marcar un precedente importante para la gestión de casos similares en Baleares, en un momento en que la protección de la infancia y la transparencia en decisiones administrativas están en el centro del debate público.

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