Nueve de cada diez pisos en alquiler en Baleares superan los 1.500 euros

El 89% de las viviendas en alquiler de Baleares supera los 1.500 euros mensuales, según un análisis de pisos.com publicado este miércoles. La cifra sube tres puntos respecto a 2025 y sitúa al archipiélago como la comunidad con los precios más elevados del país, con una proporción que duplica la media nacional.

En el conjunto de España, el 39,4% de los inmuebles en oferta supera ese umbral, frente al 37% registrado un año antes. El segmento de más de 1.500 euros es ya el más numeroso del mercado nacional, con un avance de 2,4 puntos en doce meses. Baleares, en cambio, presenta una estructura de oferta muy concentrada en la gama alta.

La oferta asequible es prácticamente inexistente en las islas. Solo el 0,4% de los pisos en alquiler cuesta menos de 700 euros al mes, la proporción más baja de todas las comunidades autónomas. El tramo de 700 a 1.000 euros representa el 1,5%, y el de 1.000 a 1.500 euros, el 9,1%.

En Palma, la situación es todavía más marcada. El 90,1% de la oferta en alquiler se sitúa por encima de los 1.500 euros, y apenas el 1,9% de los pisos baja de los 700 euros. Estos datos reflejan un mercado en el que la vivienda de rango medio y bajo apenas aparece en el catálogo disponible para el inquilino.

Detrás de estas cifras se encuentra un debate que lleva años presente en la política balear: la tensión entre la demanda turística y residencial, la escasez de suelo edificable y el peso de los alquileres de temporada, que compiten con la vivienda habitual. Las administraciones han ensayado medidas de contención y de impulso a la vivienda pública, aunque su efecto sobre la oferta disponible todavía es limitado a corto plazo.

La consecuencia más visible es el desplazamiento de trabajadores con salarios medios hacia municipios del interior o hacia otras islas, y la dificultad de retención de talento en sectores esenciales. Para los próximos años, la evolución de estos precios dependerá de la capacidad de incrementar la vivienda protegida, de la regulación del alquiler turístico y de la respuesta del mercado a los nuevos desarrollos residenciales previstos.