Vecinos de Manacor se oponen a macrogranja avícola en Son Brau
Vecinos y organizaciones animalistas se oponen a una macrogranja en Manacor, en medio de denuncias y preocupaciones por impactos ambientales y sociales.
Un grupo de aproximadamente 70 residentes de Manacor ha formado una cadena humana para rechazar la construcción de una granja avícola que podría albergar hasta 80.000 aves en la finca de Son Brau. La protesta se realizó este domingo en las inmediaciones del proyecto, que actualmente está en fase de autorización ambiental y ha generado rechazo entre la comunidad local.
El proyecto, promovido por la empresa Avícola Son Perot, ha sido objeto de denuncias ante la Fiscalía y la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en los últimos días. Además, organizaciones animalistas entregaron 50.000 firmas para solicitar la paralización del mismo, argumentando que la actividad podría tener impactos negativos en la calidad del agua, el aire y la salud pública en la zona.
Las preocupaciones principales se centran en la posible filtración de nitratos a los acuíferos, afectando recursos hídricos escasos en Mallorca. La proximidad del proyecto a espacios protegidos y negocios rurales también alimenta el rechazo. Los vecinos advierten que los efectos nocivos superarían los simples olores o ruidos, afectando al ecosistema y a la calidad de vida de quienes residen en la zona.
Desde la administración autonómica, el conseller Joan Simonet ha mostrado cautela, señalando que las denuncias y alegaciones presentadas complican la autorización del proyecto. La postura oficial apunta a analizar las evidencias y garantizar que se respeten las normativas ambientales y de bienestar animal, en un contexto de creciente preocupación social por macrogranjas en Mallorca.
La situación refleja una tensión entre el desarrollo agrícola y la protección del medio ambiente en un territorio con recursos limitados. Aunque la empresa promotora ha asegurado que defenderá su proyecto, las organizaciones civiles y vecinales consideran que la oposición es mayoritaria y que, en definitiva, la decisión política deberá ponderar los riesgos y el interés público. La posible implicación futura de instancias judiciales añade un factor de incertidumbre al proceso.
El desarrollo de este conflicto muestra la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y la necesidad de una regulación más estricta en la planificación de actividades de alto impacto en zonas sensibles. La resolución de este caso será un referente para futuras actuaciones en la gestión del territorio y la protección del entorno en Mallorca.