Las dos activistas investigadas por daños en Santa Maria denuncian presiones de la Guardia Civil

Las dos jóvenes investigadas por causar daños en cinco inmobiliarias de Santa Maria, en Mallorca, afirmaron este martes ante el juzgado de instrucción número 12 de Palma que los agentes de la Guardia Civil las presionaron durante su arresto para que admitieran los hechos. La comparecencia se produjo a petición propia, asistidas por el abogado Josep de Luis.

Las dos detenidas fueron arrestadas el 15 de julio. Desde entonces se acogieron a su derecho a no declarar, tanto en dependencias policiales como en sede judicial, y quedaron en libertad. Se les atribuyen delitos de daños y contra el patrimonio histórico, a raíz de varias denuncias presentadas tras los actos vandálicos contra las inmobiliarias del municipio.

Según la versión que expusieron sus defensas, el arresto estuvo marcado por irregularidades. Las jóvenes no habrían hablado directamente con un letrado, sino en presencia de agentes y a través de un teléfono con manos libres. Además, sostienen que se les instó a entregar prendas de ropa para comprobar su participación, bajo la amenaza de registrar sus domicilios o de prolongar la detención.

La defensa también cuestiona las grabaciones de las cámaras de seguridad. El argumento es que no solo enfocan las fachadas afectadas, sino que captan buena parte de la calle, lo que podría plantear problemas de proporcionalidad y de protección de la intimidad de terceros.

Si el juez aprecia una vulneración de derechos fundamentales durante la detención, las pruebas obtenidas podrían invalidarse y el procedimiento archivarse. Esa posibilidad depende de la valoración judicial de la actuación policial y de la legalidad de las pruebas recabadas.

El caso se enmarca en un debate más amplio sobre las protestas de carácter activista contra la presión inmobiliaria y turística en Baleares, y sobre los límites de la respuesta policial y judicial frente a acciones de desobediencia civil. La resolución del juzgado marcará un precedente sobre cómo se valoran las garantías procesales en este tipo de investigaciones.