Qué hay detrás de los 171 millones opacos en conciertos con la sanidad privada balear
Adspib denuncia que el Govern omite el desglose de 171 millones en conciertos con la sanidad privada balear, con 228,4 millones asignados en 2026.
La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Baleares (Adspib) denuncia que el Govern no desglosa en su portal de transparencia dos partidas vinculadas a conciertos con centros privados que suman 171 millones de euros. La entidad sostiene que la información publicada es incompleta y dificulta conocer en qué se gasta el dinero público.
Según Quico Puigventós, miembro de la junta directiva de Adspib, en 2026 ya se han asignado 228,4 millones de euros a la asistencia privada en las islas, lo que representa el 9,3 % del presupuesto total destinado al ámbito sanitario. La cifra sitúa el debate en el terreno de la transparencia presupuestaria, más que en el de la mera discrepancia ideológica.
Para entender el alcance de la denuncia conviene recordar que el modelo balear combina una red pública con la contratación de servicios a clínicas y hospitales privados, especialmente para reducir listas de espera en determinadas especialidades. Este mecanismo, habitual en varias comunidades, se justifica por la eficiencia, pero exige un control riguroso del gasto.
La principal implicación es de rendición de cuentas. Sin un desglose detallado, resulta difícil evaluar si los conciertos cumplen su función, qué centros reciben los pagos y a qué coste por procedimiento. Esa falta de datos alimenta la sospecha de que el crecimiento de la partida responde más a inercias que a decisiones planificadas.
El debate tiene además una dimensión política. La oposición y las entidades sociales reclaman reforzar la sanidad pública y limitar la derivación a la privada, mientras el Govern defiende el papel complementario de estos conciertos. Confrontar ambas posiciones exige datos comparables y auditables.
Queda por ver si el Ejecutivo autonómico responde con el desglose solicitado y si el Parlament impulsa una revisión de los contratos. En los próximos meses, la publicación de los datos completos será clave para determinar si la polémica se traduce en un cambio de criterio o en un debate estéril sobre cifras incompletas.