MÉS critica la inacción del Gobierno ante la escalada de precios de vivienda en Palma

La crisis de vivienda en Palma se refleja en aumentos del 75% en los alquileres desde 2021, alcanzando 19,3 euros por m², y en precios de compra que superan los 4.183 euros por m², la cifra más alta del Estado. Estas cifras evidencian una problemática estructural que afecta a miles de familias en la capital balear.

El contexto político revela una divergencia entre las propuestas del Govern central y las acciones del Ayuntamiento. Mientras el Ejecutivo del PSOE ha centrado sus esfuerzos en incentivos fiscales, no ha promovido medidas drásticas para frenar la compra por fondos de inversión ni la escalada de precios. La respuesta política a nivel local también ha sido limitada, centrada en la regulación de okupaciones, sin atender suficientemente a la demanda de vivienda asequible.

Estas políticas, o su falta, tienen implicaciones directas en la accesibilidad a la vivienda. La dificultad para acceder a un hogar asequible puede aumentar la desigualdad social y la precarización de las familias. La propuesta de crear una empresa municipal de vivienda y reforzar la compra pública aparece como una posible vía para mitigar la situación, aunque requiere de un compromiso firme y coordinado entre administraciones.

Desde el ámbito político, la posición de MÉS refleja una crítica hacia la inacción tanto del gobierno central como del Ayuntamiento. La formación sostiene que las medidas existentes son insuficientes y que las políticas actuales favorecen a los fondos de inversión en detrimento de las familias. La negativa del Congreso a restringir la compra por fondos de inversión evidencia la poca voluntad política para afrontar el problema.

El trasfondo de esta situación apunta a un debate más amplio sobre la regulación del mercado inmobiliario y el papel del sector público en la vivienda. La tendencia hacia la liberalización y el atractivo de la inversión en bienes raíces ha incrementado la escasez y los precios. La perspectiva futura requiere cambios en la legislación y una mayor inversión en vivienda pública para garantizar el derecho a una vivienda digna en Palma.

El escenario político y social indica que la crisis de vivienda en Palma continuará siendo un tema prioritario. La presión social y las próximas elecciones pueden impulsar cambios en las políticas públicas. La coordinación entre administraciones y la movilización de recursos públicos serán claves para afrontar la emergencia y asegurar el acceso a la vivienda a largo plazo.